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Con agradecimiento y compromiso, he aceptado la invitación que me formularon para prologar la presente obra titulada Derecho de familia, de los doctorantes Raquel Karla Gómez Lomelí y José Adán Mauro Gálvez Pavón, profesionales comprometidos no solamente con la práctica judicial, sino con la investigación y la docencia, factores que, combinados, se convierten en una fuerza que, junto con el rigor de la investigación, permea esta obra a través de sus distintos capítulos, en forma tal que le da contenido, continuidad y sencillez. La vida en sociedad implica la necesidad de normas, las cuales nos permiten convivir de manera pacífica y respetuosa. El conocer esas normas —que al igual que otorgan derechos, crean obligaciones— se convierte en parte del concepto de ciudadanía, tan necesario en nuestros días porque se traduce en habitantes de una sociedad que comprenden, a plenitud, sus derechos y que cumplen, a satisfacción, sus deberes. Sin embargo, nuestro sistema jurídico —con características propias, aunque derivado del derecho romano-germánico, al que se le han agregado abundantes notas del derecho francés— tiene un alto grado de dificultad; además, la globalización de las instituciones jurídicas, derivada de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado mexicano mediante la firma de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales de carácter bilateral o multilateral, genera nuevos derechos que deben ser receptados en el orden interno y que tienen que ser conocidos por las autoridades, así como por los justiciables, para obtener los mayores beneficios posibles. Así, en los últimos años se han creado institutos jurídicos supranacionales cuyas resoluciones tienen impacto en el ámbito nacional; me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivados de la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, además de desarrollar una labor jurisdiccional, es también un órgano de consulta para los Estados miembros.
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