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¿Qué es el procedimiento abreviado y cuál es su naturaleza jurídica?, ¿cuál es el trámite procesal del procedimiento abreviado?, ¿se trata de un derecho fundamental de las personas procesadas o es un principio general del sistema de justicia penal acusatorio?, ¿constituye una figura procesal que permite negociar la justicia?, ¿se puede impugnar la negativa del Ministerio Público a solicitar el procedimiento abreviado o la negativa a otorgar la máxima reducción de la pena?, ¿su origen se encuentra en el plea bargaining norteamericano?, ¿el procedimiento abreviado busca la verdad de los hechos o se conforma con solucionar y terminar el proceso de manera rápida?; ¿se puede obtener una sentencia absolutoria en el procedimiento abreviado?
Estos son algunos cuestionamientos que se hacen en la presente obra, se busca responderlos con base en la ley, doctrina, precedentes judiciales y derecho comparado. A la par de ir analizando los requisitos y el trámite del procedimiento abreviado con lo que este trabajo se torna una guía procesal para los operadores jurídicos del sistema de justicia penal mexicano, se busca reflexionar y cuestionar la idoneidad y eficacia de su diseño legislativo, para lo cual se hace un análisis de los precedentes judiciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre dicha figura. De esta manera, se reflexiona si ésta es compatible con las garantías procesales y sustantivas de las personas procesadas o si, en su caso, estas garantías se acortan y relajan ante la necesidad de instaurar una figura procesal que ofrezca una vía para que la mayoría de casos penales puedan ser solucionados, de una forma más rápida, económica y simplificada, evitando la saturación, o descongestionando, el sistema de justicia penal.
Así, el lector encontrará una serie de estudios sobre la idoneidad de su regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el planteamiento de la posibilidad de realizar algunos ajustes legislativos para hacer de ella una herramienta más racional y compatible con los derechos fundamentales que deben imperar en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
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