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Los encargados de elaborar los planes para la enseñanza del derecho, deben tener presente que la habitual tarea del jurista ha de consistir en la interpretación de las normas jurídicas, para aplicarlas, para pedir su aplicación, para cumplirlas, y que ‘el primer estadio del proceso interpretativo es, naturalmente, la interpretación gramatical’ (Castán). Que, consiguientemente, la filología no puede quedar al margen de las preocupaciones del jurista. Que al aprendiz de jurista, así como, por ejemplo, se le instruye en la filosofía del derecho, debe instruírsele en la filología del derecho. Lo expuesto es lo suficientemente claro para que de ello se pueda deducir el motivo que nos indujo a redactar el presente Diccionario de derecho. Entendemos que el conocimiento del lenguaje del derecho es, más que simplemente conveniente, necesario de todo punto para el jurista y, consiguientemente, hemos querido contribuir con nuestro modesto esfuerzo a facilitarlo. Los diccionarios, como es ya sabido, tienen a su favor la presunción de que son útiles. Aspiramos, pues, a que el nuestro lo sea también, con lo cual nos daríamos por satisfechos y bien pagados, sin aspirar a mayor premio. Pero la sentencia sobre nuestra obra —favorable o adversa— en este caso, como en todos, corresponde dictarla al que es para ella supremo juez, al que, naturalmente nos sometemos voluntariamente, con toda la humildad de que somos capaces (que no es poca, a Dios gracias).
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