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"La segunda década del siglo XXI trajo consigo importantes reformas constitucionales y legales, continuadas en la siguiente década, que sentaron nuevas bases en dos campos impregnados de profundo contenido social: el derecho del trabajo y el juicio de amparo. Respecto al primero, en febrero del 2017 el artículo 123 fue objeto de la más amplia enmienda desde que entró en vigor y en abril del 2019 su ley reglamentaria se modificó de manera trascendente; referente al segundo, en junio del 2011 y marzo del 2021 se reformaron los artículos constitucionales que le dan sustento y en abril del 2013 se publicó la Ley de Amparo vigente. Estas nuevas bases son el objeto de estudio de este libro, dividido en tres títulos y sus respectivos capítulos. En el primero se analiza el marco constitucional tanto de la materia laboral como de la de amparo; en el segundo, el marco legal de dichas materias, y en el tercero, a partir de las nuevas bases, el juicio de amparo indirecto en materia de trabajo. Mención aparte amerita el apartado del primer capítulo del título tercero, “Institución en riesgo”, en el que se exponen las razones por las que, partiendo de hechos concretos, se considera que la Ley de Amparo en sí misma y los juzgadores federales responsables de su aplicación —ministros, magistrados y jueces— corren grave riesgo, que no debe soslayarse, sino denunciarse una y otra vez hasta conjurar el peligro. En cuanto a dicha ley, se pretende limitar los casos de procedencia del amparo y de la suspensión, en perjuicio de los potenciales justiciables, que somos todos los ciudadanos, y que los preceptos constitucionales no sean objeto de interpretación, sino que se apliquen a la letra, ignorando que es la función interpretativa la que permite desentrañar el sentido de la norma y, sin desnaturalizar su esencia, mantener actualizado el marco constitucional. Respecto a los juzgadores, son objeto de una permanente campaña de descalificaciones, insultos, ofensas y mentiras, que encabeza el presidente de la república al calificarlos de corruptos, conservadores, neoliberales, enemigos del pueblo, servidores de la oligarquía, mafiosos y hasta traidores a la patria —con lo que en una sociedad polarizada al extremo se pone en riesgo la integridad física de ministros, magistrados y jueces—, además de que se pretende demagógicamente que sean electos por el voto popular, lo que implica la politización del Poder Judicial de la Federación y la pérdida de su autonomía."
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