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El control de la detención en audiencia es una de las importantes respuestas a la afectación de los derechos fundamentales que sufren los detenidos que ofrece la reforma al sistema de justicia penal en México. En efecto, es de conocimiento público la existencia de denuncias contra servidores públicos, usualmente, de la policía, por haber maltratado o torturado a detenidos, o simplemente el haberles sembrado algún objeto con la finalidad de comprometer su situación jurídica ante el Ministerio Público, o bien, ante el juez. Frente a tal escenario, se ha levantado una figura que permite a cualquier detenido que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial el poder ser escuchado por la misma, quien a su vez exige la comparecencia del agente del Ministerio Público para que exponga las razones que motivaron que se le prive de la libertad a una determinada persona. Frente a ello, la dinámica e importancia del control de la detención descansa en la protección de los derechos fundamentales de toda persona que ha sido privada de su libertad, ya sea por las figuras de la detención por flagrancia delictiva, o bien, la detención por caso urgente. Sin embargo, para arribar a la citada audiencia ha sido preciso el cumplimiento de determinados pasos previos, los cuales, a su vez, constituyen condiciones necesarias para la celebración de la denominada audiencia inicial. En ese sentido, el presente estudio pretende analizar toda la sistemática que rodea la citada audiencia, a la luz del sistema acusatorio mencionado en la Constitución Federal y que ha sido regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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